Compliance Digital

El compliance se ha convertido en un sector fundamental para el desarrollo de los abogados de
empresa. Sin embargo, esta rama suele ceñirse a ciertos rubros como anticorrupción, prevención
de lavado de dinero y responsabilidad penal de las empresas, dejando fuera otros apartados igual de
importantes. En este artículo analizaremos el compliance digital
Autor: Joel Alejandro Gómez Treviño,
Coordinador del Comité de Derecho
de las Tecnologías de la Información
y Protección de Datos Personales de
Asociación Nacional de Abogados
de Empresa, Colegio de Abogados
Compliance digital
La rama del compliance ignorada por todos los
expertos
INTRODUCCIÓN
No podemos negar que México es un país de modas.
Temas como compliance, protección de datos personales, prevención de lavado de dinero, Fintech
y Legaltech, entre otros, son temas que desde hace algunos
años están de moda. Eso significa, no sólo que hay una considerable oferta de cursos, congresos y conferencias sobre
estos temas, sino también que existe un tsunami de expertos en cada materia.
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Estas modas para la abogacía usualmente obedecen
a cambios en el entorno regulatorio o a tendencias en el
ámbito normativo de negocios provenientes del extranjero.
¿ES EL COMPLIANCE UNA MODA O UN DOGMA DE FE?
El compliance es una moda por varias razones, principalmente por la gran oferta de capacitación y publicaciones
que abordan esta materia. Tan es un tema de moda, que
nos empeñamos en seguirle llamando compliance, cuando
técnicamente podríamos traducirlo como “cumplimiento”.
Además, no se puede ignorar que hasta hace cinco años,
o un poco más, los abogados dominábamos el ámbito legal
en las empresas bajo el nombre de “departamento jurídico”
o “dirección legal”.
Hoy en día, existe una bifurcación de funciones, pues
muchas empresas, además de tener el departamento jurídico tienen otro, al que suelen llamar “gerencia regulatoria”
o incluso “departamento –u oficial– de cumplimiento”. En
ocasiones esta área depende de la dirección jurídica, pero
cada vez se ve con mayor frecuencia que esta posición ya
ha adquirido otra tan dominante en algunas empresas, que
incluso crean una dirección o departamento independiente
de cumplimiento.
Por otro lado, muchas personas están acostumbradas a
que si escuchan lo mismo muchas veces, lo toman como
dogma de fe, aceptando y creyendo en ello de manera irrevocable. De acuerdo con Henry Vargas Holguín, en la Iglesia
católica un “dogma” es una verdad de fe infalible, incuestionable, absoluta, definitiva, inmutable y segura, sobre la cual
no puede subsistir ninguna duda.
Por ahora, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que el
tema de cumplimiento no sólo es una moda sino también
un dogma de fe. Más adelante explicaré las razones que me
llevan a concluir esto último.
¿QUÉ ES COMPLIANCE?
Desde un punto de vista meramente gramático, el Diccionario de Cambridge define a compliance como…
el acto de obedecer una orden, regla o solicitud.
Para el Diccionario Merriam-Webster, significa:
…el acto o proceso de cumplir un deseo, demanda,
propuesta, régimen o coacción. Conformidad en el cumplimiento de los requisitos oficiales.
El Diccionario de Negocios va un poco más allá, al definir
este término como:
Certificación o confirmación de que el autor de una
acción (como el autor de un informe de auditoría), o el
fabricante o proveedor de un producto, cumple con los
requisitos de las prácticas aceptadas, la legislación, las
normas y regulaciones prescritas, las normas especificadas o los términos de un contrato.
Pasando a definiciones más precisas para el mundo de
los negocios, la Asociación Mundial de Cumplimiento establece que:
…el Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las
organizaciones para identificar y clasificar los riesgos
operativos y legales a los que se enfrentan y establecer
mecanismos internos de prevención, gestión, control
y reacción frente a los mismos.
Para el Comité de Basilea, el cumplimiento es:
…una función independiente que identifica, asesora,
alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento
en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir
pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de
cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los
códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas.
Para el portal OroyFinanzas.com, por cumplimiento se
entiende la función específica que permite a las empresas,
a través de procedimientos adecuados como el establecimiento de políticas de actuación en determinadas materias, detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento
de las obligaciones regulatorias, mitigar los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de tales incumplimientos.
Coincido con Deloitte, cuando afirma que el compliance
tiene una larga tradición en empresas de cultura anglosajona. Nace en los Estados Unidos de América (EUA) en los
años setenta y ochenta, cuando tras grandes escándalos de
corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías, se dictó la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA
(1977), que incluyó requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos, libros y registros.
La FCPA sirvió de modelo para más de 40 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) –incluyendo México– que han adoptado leyes similares. También resulta importante comentar que Reino
Unido tiene su Ley contra el Soborno, de 2010 (Bribery Act).
Los expertos afirman que estas dos son leyes extranjeras
con impacto “extraterritorial”.
¿CUÁLES SON LOS PILARES TRADICIONALES QUE
CONFORMAN UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?
Si estás en los EUA o trabajas para una empresa estadounidense, sin duda uno de los temas prioritarios que se
atienden en un programa de compliance es el de antico­
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rrupción. En México este tema también es primordial, desde
la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) en 2016; la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) de 2016 y las reformas –
también de 2016– al Código Penal Federal (CPF) en materia
de “delitos por hechos de corrupción”, “ejercicio ilícito de
servicio público” y “uso ilícito de atribuciones y facultades”.
Otro de los temas que no pueden faltar en un programa
de cumplimiento es el relacionado con la responsabilidad penal de las empresas. Con las reformas de 2016
al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) se
formalizó la creación de un procedimiento sancionatorio
para las personas morales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 421 del
CNPP, las empresas son “penalmente” responsables de
los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en
su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió
inobservancia del debido control en su organización.
El tercer pilar de casi todo programa de cumplimiento
en las empresas es la prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Tal como lo comenta la firma EY, el lavado de
dinero es un fenómeno internacional en el cual México
se ubica como uno de los países con mayor incidencia de
operaciones financiadas con recursos de procedencia
ilícita. Por esta razón, nuestra nación, incorporándose
a las exigencias globales, promulgó una ley que regula
esas conductas ilícitas.
De esa manera, el objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas
y procedimientos para detectar actos u operaciones que
involucren recursos de procedencia ilícita.
El cuarto eje de un programa típico de cumplimiento
es en materia de competencia económica. Tal como lo
sostiene la firma SAI Derecho y Economía, en México
el creciente clamor por una efectiva aplicación de la
legislación de competencia que combata prácticas comerciales que explotan ilegalmente el bolsillo de los
consumidores y que desplazan a competidores, aunado
al fortalecimiento y activismo de las autoridades de competencia, hace indispensable que las empresas –de todos
los tamaños– se preocupen por conocer y asegurarse de
respetar la normatividad de la materia.
Además de estos cuatro rubros que suelen estar contemplados en todo programa de cumplimiento, los que a
veces se incluyen también son los que tienen que ver con
el cumplimiento con regulaciones ambientales o financieras, en caso de ser aplicables para la empresa.
¿Por qué afirmo que el compliance es un dogma de fe?
Porque todos los consultores, libros, artículos y en todas
la conferencias y cursos sobre este tema, siempre te
dicen lo mismo:
Tu programa de compliance debe incluir: anticorrupción;
responsabilidad penal de las empresas; prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y competencia
económica. Y de postre, todos terminan con la (misma)
“cereza del pastel”: cómo desarrollar el código de conducta
y programa de integridad de la empresa.
¿CUÁLES SON LAS ÁREAS IGNORADAS
USUALMENTE EN UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?
Para un servidor, existen áreas que deben estar presentes en todo programa de cumplimiento de las empresas, y que siempre –o casi siempre– son ignoradas.
A diferencia de algunos de los pilares clásicos de los
programas de cumplimiento, que no resultan siempre
aplicables a todas las empresas, las áreas que mencionaré a continuación casi siempre están presentes en
todas éstas, sin importar su giro.
Como la mayoría de las definiciones de compliance
aluden a la función dentro de las empresas que tiene
como objetivo primordial el detectar y gestionar los
riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias, para poder explicar las áreas ignoradas, tengo
que recurrir nuevamente a la definición de la Asociación
Mundial de Cumplimiento que me parece más amplia:
Cumplimiento corporativo es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las
organizaciones para identificar y clasificar los riesgos
operativos y legales.
(Énfasis añadido.)
Resulta prudente recordar que, para el Comité de
Basilea, el cumplimiento no sólo se refiere a leyes aplicables sino también a códigos de conducta y a estándares de buenas prácticas.
Tomando en cuenta las previas “definiciones ampliadas” del concepto clásico de compliance, las áreas
omitidas en los programas de esta materia son las siguientes:

  1. Propiedad intelectual. Si bien no existe como tal un
    conjunto de “obligaciones” emanadas de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) o de la Ley Federal del Derecho de
    Autor (LFDA) que deban cumplimentar las empresas, lo
    cierto es que ser omisos en tomar ciertas precauciones
    en estas materias –que se traducen en buenas prácticas–
    puede generar riesgos operativos y legales para las organizaciones, los cuales las pueden llevar a tener pérdidas
    financieras o pérdidas de reputación.
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  2. Protección de datos personales. En esta materia es
    imposible negar la amplia carga regulatoria para todas
    las empresas. Cumplir con la Ley Federal de Protección
    de Datos Personales en Posesión de los Particulares
    (LFPDPPP) va mucho más allá de redactar y publicar un
    aviso de privacidad.
  3. Seguridad de la información. En nuestro país existe
    una amplia variedad de leyes que establecen obligaciones
    específicas en materia de seguridad de la información, que
    usualmente se traducen en dotar a la información de tres
    atributos o principios: disponibilidad, integridad y confidencialidad. Otras normativas van más allá, y contienen
    obligaciones relacionadas con la prevención de fraudes
    y ataques cibernéticos, así como la obligación de contar
    con un soporte tecnológico seguro, confiable y preciso
    para sus clientes.
  4. Entorno digital. La regulación de diversos aspectos
    del entorno digital en el cual nos desenvolvemos, como
    empresas y como personas, es cada vez más frecuente.
    Buena parte de la carga normativa en el ámbito digital
    tiene que ver precisamente con obligaciones en materia
    de protección de datos personales, protección de información confidencial y seguridad de la información.
    Dado que las primeras tres áreas ignoradas en programas de cumplimiento tienen un fuerte componente o
    incidencia tecnológica, englobaré el enfoque principal de
    este artículo bajo el concepto de compliance digital.
    ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE DIGITAL?
    Para un servidor, el compliance digital es una función
    en las empresas que identifica, asesora, monitorea
    y reporta los riesgos derivados de incumplimientos a
    leyes, reglas y estándares en el ámbito digital y de
    los negocios electrónicos, que busca mitigar las consecuencias de esos riesgos, tales como: sanciones, pérdidas
    financieras, pérdidas reputacionales, entre otras, estableciendo mecanismos internos de prevención, gestión,
    control y reacción frente a los mismos.
    Bajo este contexto, entendemos por:
  5. Leyes: los códigos y normas (disposiciones legales
    del orden federal).
  6. Reglas: los reglamentos y disposiciones secundarias
    o de carácter general.
  7. Estándares: los códigos de ética, códigos de conducta, códigos de buenas prácticas, etcétera.
    Los pilares del compliance tradicional, mientras no
    cambien las leyes respectivas, seguirán siendo los
    mismos durante años. Sin embargo, los detonadores que
    motivan el compliance digital no sólo derivan de leyes
    o regulaciones sino también de buenas prácticas que
    surgen ante la imperante necesidad de asegurar a la empresa en el siempre dinámico entorno tecnológico en el
    que vivimos.
    Y, de hecho, por la misma naturaleza evolutiva del entorno digital, las leyes que lo regulan suelen cambiar con
    más frecuencia que el resto de la normatividad.
    Puntos clave en un programa
    de compliance digital
  8. Cumplimiento en materia de
    propiedad intelectual
    Punto de control Riesgos
    Registro de marcas
    Licenciamiento de marcas
    La empresa puede perder sus activos intangibles más valiosos si
    no se efectúa un adecuado control
    del portafolios de propiedad intelectual
    Registro de programas
    de cómputo
    La empresa podría no tener derechos sobre los programas informáticos que desarrolla internamente
    Licenciamiento de programas
    de cómputo
    Sin un adecuado control del software que se instala en las computadoras de los empleados, la
    empresa podría ser acreedora a
    sanciones considerables
    Cláusulas de obra bajo relación
    laboral en los contratos individuales de trabajo
    La empresa podría no ser titular
    de los derechos patrimoniales de
    los programas informáticos que
    desarrolla internamente
    Contratos o cláusulas de obra por
    encargo con desarrolladores de
    software externos
    La empresa podría no ser titular
    de los derechos patrimoniales de
    los programas informáticos que le
    desarrollan terceros
    Uno de los problemas más recurrentes en las empresas
    –en el mejor de los casos– es el poder determinar contractualmente la correcta titularidad de programas de cómputo
    desarrollados tanto dentro como fuera de ésta. En el
    peor de los casos, tanto los contratos individuales de trabajo
    como los de desarrollo de software, son omisos en este
    tema.
    Propiedad intelectual de creaciones hechas
    por trabajadores y profesionistas (freelance)
    De acuerdo con el Dr. David Rangel Medina, en virtud de
    la clasificación de origen alemán, las invenciones hechas
    por los trabajadores se dividen en tres categorías:
    a) Invenciones de servicio.
    b) Invenciones de empresa.
    c) Invenciones libres.
    Invención de servicio es la que nace de investigaciones
    ordenadas por el patrón y efectuadas por el trabajador en
    el ejercicio de sus funciones respecto de las cuales es remunerado. También se les designa como “invenciones de empleados” en sentido estricto, debido a que son realizadas
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    cuando un contrato de trabajo o de prestación de servicio se
    celebra precisamente para producir la invención.
    Invención de empresa es la que ha sido hecha por una
    persona que no está obligada por el contrato de trabajo a
    desarrollar una actividad inventiva, pero que para realizar el
    invento se basó primordialmente en conocimientos adquiridos dentro de la empresa en que trabaja y utilizó también
    medios proporcionados por ésta.
    Invención libre es la que ha sido hecha por el trabajador
    por su propia iniciativa, fuera e independientemente del
    servicio para el que está obligado y sin el concurso de quien
    lo emplea.1
    En el Derecho mexicano, las invenciones de los trabajadores están reguladas por dos ordenamientos: la LPI
    y la Ley Federal del Trabajo (LFT). Al respecto, la primera
    norma es bastante escueta, pues solamente admite la existencia de “invenciones laborales” y remite a la segunda
    norma.
    Veamos a continuación lo que establece la LPI:
    Artículo 14. A las invenciones, modelos de utilidad
    y diseños industriales realizados por personas que estén
    sujetas a una relación de trabajo, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.
    Nótese que este artículo contempla sólo tres figuras jurídicas reguladas por la LPI, que pueden estar presentes en
    una relación laboral:
    • Las invenciones, las cuales son sujetas a protección vía
    patente. El término “invenciones” aparece recurrentemente en la LFT, según se verá más adelante.
    • Los modelos de utilidad.
    • Los diseños industriales.
    Por su parte, los derechos del trabajador empleado y los
    de su patrón se rigen por el numeral 163 de la LFT, el cual a
    la letra señala lo siguiente:
    Artículo 163. La atribución de los derechos al nombre
    y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:
    I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure
    como autor de la invención;
    II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos
    utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad
    de la invención y el derecho a la explotación de la patente
    corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho
    a una compensación complementaria, que se fijará por
    convenio de las partes o por la Junta de Conciliación
    y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los
    beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y
    III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención
    corresponderá a la persona o personas que la realizaron,
    pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad
    de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la
    invención y de las correspondientes patentes.
    (Énfasis añadido.)
    Básicamente, en este artículo encontramos:
    • El derecho moral del inventor asalariado (artículo 163,
    fracción I).
    • El derecho del patrón al producto del trabajo (artículo
    163, fracción II, primera parte).
    • El derecho del trabajador a la remuneración de su
    trabajo (artículo 163, fracción II, última parte).
    • Las invenciones libres del trabajador (artículo 163,
    fracción III).
    Es importante resaltar que la norma laboral sólo habla de
    “invenciones y patentes”, pese a que la LPI establece que
    el artículo 163 de la LFT será aplicable también a “modelos
    de utilidad” y “diseños industriales” realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo.
    Hasta aquí hemos tratado el régimen jurídico de creaciones exclusivamente relacionadas con el mundo de la
    propiedad industrial, pero en el ámbito de los derechos de
    autor también existe regulación aplicable a obras realizadas
    por trabajadores.
    En el Derecho anglosajón nace el concepto de work
    made for hire. Conforme al artículo 101 de la legislación
    de derechos de autor de los EUA (Título 17 del U.S. Code),2
    una “obra hecha por encargo” tiene el siguiente significado:
    (1) una obra realizada por un empleado dentro del ámbito de su empleo; o (2) una obra especialmente ordenada
    o comisionada para su uso como una contribución a un
    trabajo colectivo, como una parte de una película cinematográfica u otra obra audiovisual, como una traducción,
    como obra complementaria, como compilación, como
    texto de instrucción, como una prueba, como material
    de respuestas para una prueba, o como un atlas, si las
    partes acuerdan expresamente en un documento escrito
    firmado por ellos que el trabajo será considerado una obra
    1 Rangel Medina, David. “Los Derechos del Inventor Asalariado”. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año VIII. 15-16. Enero-diciembre 1970.
    México, pp. 19-20
    2 Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code. Consulta realizada el 28 de julio de 2014. Véase
    en la página web de Copyright del Gobierno de los EUA: http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#101
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    Compliance digital
    hecha por contrato. A los efectos de la oración anterior,
    una “obra complementaria” es un trabajo preparado
    para su publicación como un complemento secundario
    a una obra de otro autor con el fin de introducir, concluir,
    que muestren, en la explicación, revisión, comentando, o
    ayudar en el uso de los otros trabajos, tales como prólogos, epílogos, ilustraciones pictóricas, mapas, gráficos,
    tablas, notas editoriales, arreglos musicales, material de
    respuestas para pruebas, bibliografías, apéndices e índices, y un “texto de instrucción” es una obra literaria,
    pictórica o la obra gráfica preparada para su publicación
    y con el propósito de su uso en la enseñanza escolar.
    Por su parte, la LFDA regula de manera directa e indirecta
    el “contrato de obra por encargo” y el “contrato de obra
    bajo relación laboral” en los artículos 34, 83, 83 bis, 84
    y 170, los cuales transcribo a continuación:
    Artículo 34. La producción de obra futura sólo podrá
    ser objeto de contrato cuando se trate de obra determinada cuyas características deben quedar establecidas
    en él. Son nulas la transmisión global de obra futura, así
    como las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear obra alguna.
    (Énfasis añadido.)
    Artículo 83. Salvo pacto en contrario, la persona física
    o moral que comisione la producción de una obra o que
    la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre
    la misma y le corresponderán las facultades relativas a la
    divulgación, integridad de la obra y de colección sobre
    este tipo de creaciones.
    (Énfasis añadido.)
    Artículo 83 bis. Adicionalmente a lo establecido en el
    Artículo anterior, la persona que participe en la realización de una obra musical en forma remunerada, tendrá
    el derecho al pago de regalías que se generen por la comunicación o transmisión pública de la obra, en términos
    de los Artículos 26 bis y 117 bis de esta Ley.
    Para que una obra se considere realizada por encargo, los términos del contrato deberán ser claros y precisos, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más
    favorable al autor. El autor también está facultado para
    elaborar su contrato cuando se le solicite una obra por
    encargo.
    (Énfasis añadido.)
    Artículo 84. Cuando se trate de una obra realizada
    como consecuencia de una relación laboral establecida a
    través de un contrato individual de trabajo que conste por
    escrito, a falta de pacto en contrario, se presumirá que los
    derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre
    empleador y empleado.
    El empleador podrá divulgar la obra sin autorización
    del empleado, pero no al contrario. A falta de contrato
    individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales corresponderán al empleado.
    (Énfasis añadido.)
    Artículo 170. En las inscripciones3 se expresará el
    nombre del autor y, en su caso, la fecha de su muerte,
    nacionalidad y domicilio, el título de la obra, la fecha de
    divulgación, si es una obra por encargo y el titular del
    derecho patrimonial.

    (Énfasis añadido.)
    Es importante resaltar lo señalado tanto en el artículo
    163, fracción III de la LFT (en caso de invenciones libres del
    trabajador, la propiedad de la invención corresponderá a
    la persona o personas que la realizaron), así como en el numeral 84 de la LFDA (ante la ausencia de pacto contractual,
    se presumirá que los derechos patrimoniales se dividen por
    partes iguales entre empleador y empleado).
    Como ha quedado asentado en párrafos precedentes,
    siempre será recomendable que la empresa o el patrón
    incluyan cláusulas especiales que regulen estos fenómenos de manera detallada, tanto en los contratos individuales de trabajo que celebren con sus trabajadores (obra
    bajo relación laboral) como en los contratos de desarrollo
    de software (obra por encargo).
  9. Cumplimiento en materia de
    protección de datos personales
    Pese a que la LFPDPPP ya cumplió nueve años de haber
    sido publicada, muchas empresas siguen pensando que
    tener el aviso de privacidad es más que suficiente. Tener
    su aviso de privacidad representa menos del 10% del cumplimiento de las obligaciones que marca la LFPDPPP.
    De manera general, sin pretender ser exhaustivos, las
    principales obligaciones que hay que cumplir son las siguientes:
    a) Los responsables en el tratamiento de datos personales deberán observar los principios de licitud, consen3 Se refiere a las inscripciones de obra ante el Registro Público del Derecho de Autor
    20 Noviembre – Diciembre 2019
    Compliance digital
    timiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la ley.
    • Multas por incumplimiento: hasta $13’518,400 por cada
    concepto de violación.
    b) Los responsables deberán permitir a los titulares, el
    ejercicio sin dilación de los derechos de acceso, rectificación,
    cancelación, oposición y revocación del consentimiento,
    previstos en la LFPDPPP.
    • Multas por incumplimiento: hasta $27’036,800 por
    cada concepto de violación.
    c) Todo responsable que efectúe el tratamiento de datos
    personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, las cuales permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida,
    alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
    autorizado.
    • Multas por incumplimiento: hasta $27’036,800 por
    cada concepto de violación.
    d) El responsable tendrá la obligación de dar a conocer a
    los titulares de los datos, la información que se recaba de
    ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. Asimismo, el responsable deberá conocer cuáles son los tipos
    de avisos de privacidad que se establecen en la LFPDPPP
    y el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos
    Personales en Posesión de los Particulares (RLFPDPPP)
    (integral, simplificado y corto), sus respectivos contenidos,
    momentos y mecanismos de puesta a disposición.
    • Multas por incumplimiento: hasta $13’518,400 por cada
    concepto de violación.
    e) Todo responsable deberá designar a una persona, o
    departamento de datos personales, quien dará trámite a las
    solicitudes de los titulares, para el ejercicio de los derechos
    a que se refiere la presente ley. Asimismo, fomentará la protección de datos personales al interior de la organización.
    • Multas por incumplimiento: Aunque no hay una multa
    específica por violación a esta obligación, la autoridad
    garante suele acomodar “áreas grises” como incumplimiento a alguno de los principios de protección de
    datos personales. En este caso, bien podría ser el principio de responsabilidad. Por tanto, la sanción podría ser
    de hasta $13’518,400 por cada concepto de violación.
    f) El responsable deberá cumplir con todas las obligaciones relacionadas con la remisión y transferencia de datos
    personales, siendo particularmente relevante la formalización de las transferencias mediante algún mecanismo
    que permita demostrar que el responsable transferente comunicó al responsable receptor las condiciones en las que
    el titular consintió el tratamiento de sus datos personales.
    • Multas por incumplimiento: hasta $27’036,800 por
    cada concepto de violación.
    De cada una de estas obligaciones derivan a su vez numerosos puntos de control. Sólo como ejemplo, para cumplir
    uno solo de los ocho principios en el tratamiento de datos
    personales, el de responsabilidad, el RLFPDPPP señala 10
    medidas que podrán ser adoptadas.
    Aunado a lo anterior, no basta con conocer la LFPDPPP
    y el RLFPDPPP, pues hay que saber también las particularidades involucradas en los requerimientos de la autoridad
    garante, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
    Información y Protección de Datos Personales (INAI). Cualquier reclamación, queja o denuncia relacionada con el
    ejercicio de los derechos Acceso, Rectificación, Cancelación
    y Oposición (ARCO), usualmente detona los siguientes requerimientos por parte del INAI:
    • Precise la manera en cómo obtuvo los datos personales
    del denunciante.
    • Acredite la forma en que el denunciante otorgó el consentimiento para que sus datos personales fueran utilizados por su representada y remita las documentales
    que acrediten su dicho.
    • Acredite la forma en que su representada dio a conocer
    al denunciante su aviso de privacidad.
    • Proporcione copia simple de su aviso de privacidad, indique la fecha de su elaboración y sus correspondientes
    modificaciones.
    • Informe la manera en que su representada obtuvo
    el consentimiento (tácito) de la denunciante para el
    tratamiento de sus datos personales, así como el consentimiento expreso para datos financieros y/o patrimoniales e incluso el consentimiento expreso y por
    escrito, de haber obtenido datos personales sensibles.
    • Aporte copia clara, completa y legible del documento a
    través del cual acredite que usted puso a disposición del
    denunciante su aviso de privacidad.
    • Presente copia clara, completa y legible de su aviso de
    privacidad vigente al momento de los hechos denunciados y aplicable al denunciante.
    La mayoría de las veces los responsables (las empresas)
    no son capaces de contestar con precisión los requerimientos del INAI, o no tienen los documentos de prueba
    necesarios para acreditar su dicho. El término para contestar al INAI sus requerimientos suele ser de cinco días
    hábiles. Si no trabajó a tiempo en su sistema de implementación de la LFPDPPP, lo más seguro es que no será
    capaz de producir los documentos (y las pruebas correspondientes) que le falten en ese corto periodo de tiempo.
  10. Cumplimiento en materia de entorno digital
    Cada empresa deberá atender las particularidades
    propias de cada uno de sus giros. En lo que respecta al entorno digital, lo mínimo que toda empresa debe cumplir son
    las obligaciones emanadas de la Ley Federal de Protección
    al Consumidor (LFPC) en materia de comercio electrónico.
    En la celebración de transacciones efectuadas a través
    del uso de medios electrónicos se cumplirá con lo siguiente:
    Noviembre – Diciembre 2019 21
    Compliance digital
    a) El proveedor utilizará la información proporcionada por
    el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá
    difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la
    transacción.
    b) El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos
    disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la
    información proporcionada por el consumidor e informará a
    éste, previamente a la celebración de la transacción, de las
    características generales de dichos elementos.
    c) El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes
    de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio
    consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle
    aclaraciones.
    d) El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos.
    e) El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios
    ofrecidos por el proveedor.
    f) El proveedor respetará la decisión del consumidor en
    cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea
    recibir, así como la de no recibir avisos comerciales, y
    g) El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias
    de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor
    información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en
    especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas
    a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la
    información no sea apta para esa población.
    El incumplimiento a cualesquiera de las anteriores obligaciones podrá generar multas de la Procuraduría Federal
    del Consumidor (Profeco) de hasta $3’066,155.98 por cada
    concepto de violación.
    Como se puede apreciar, estas obligaciones se dividen en:
    a) Obligaciones de informar al consumidor (proporcionar
    domicilio, teléfono, costos, cargos, formas de pago, características de seguridad), las cuales se materializan con la
    publicación del documento ampliamente conocido como
    “términos y condiciones” en la página web de las empresas.
    b) Obligaciones de tratar confidencialmente la información
    del consumidor y brindar seguridad a la misma.
    c) Obligaciones de abstenerse de usar prácticas comerciales engañosas y estrategias publicitarias que no proporcionen al consumidor información suficiente y clara
    sobre los servicios ofrecidos.
    d) Obligaciones de respetar la cantidad y calidad de los
    productos que el consumidor desea recibir.
    En virtud de una reforma de noviembre de 2018 a la
    LFPC, ahora el proveedor que ofrezca, comercialice o venda
    bienes, productos o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se guiará por
    las disposiciones de la norma mexicana expedida por la Secretaría de Economía (SE), la cual contendrá, por lo menos,
    la siguiente información:
    a) Las especificaciones, características, condiciones y/o
    términos aplicables a los bienes, productos o servicios que
    se ofrecen.
    b) Mecanismos para que el consumidor pueda verificar
    que la operación refleja su intención de adquisición de los
    bienes, productos o servicios ofrecidos y las demás condiciones.
    c) Mecanismos para que el consumidor pueda aceptar la
    transacción.
    d) Mecanismos de soporte de la prueba de la transacción.
    e) Mecanismos técnicos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección y confidencialidad de
    la información personal del consumidor y de la transacción
    misma.
    f) Mecanismos para presentar peticiones, quejas o reclamos.
    g) Mecanismos de identidad, de pago y de entrega.
    Esta norma mexicana es la NMX-COE-001-SCFI-2018, la
    cual establece las disposiciones a las que se sujetarán todas
    aquellas personas físicas o morales que en forma habitual
    o profesional ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios, mediante el uso de medios electrónicos,
    ópticos o de cualquier otra tecnología, con la finalidad de
    garantizar los derechos de los consumidores que realicen
    transacciones a través de esos medios, procurando un
    marco legal equitativo, que facilite la realización de transacciones comerciales, otorgando certeza y seguridad jurídica a
    las mismas. Se declaró la vigencia de esta norma en el DOF
    el 30 de abril de 2019.
    Otro punto básico en un programa de compliance en el
    entorno digital se agrupa bajo la pregunta:
    ¿Quién está en control de tus activos digitales?
    • ¿Qué podría suceder en su organización si el gerente
    o director de sistemas sale abruptamente de la
    empresa? Usualmente, ante cualquier problema relacionado con computadoras, redes o información en la
    empresa, acudimos ante el director o área de sistemas,
    pero ¿quién vigila al vigilante? Si un problema se gesta
    al interior de este departamento, ¿cómo lo vamos a detectar y controlar? ¿Cómo mitigamos el riesgo de una
    salida abrupta de un directivo o funcionario clave del
    área de sistemas? No sólo es necesario tener un sólido
    respaldo contractual y esquema de políticas informáticas en la empresa, sino también destinar un apartado
    del Business Continuity Plan (BCP) para atender este
    riesgo.
    • ¿Quién controla los nombres de dominio de su
    empresa? Suele ser éste uno de los puntos más sensibles –y a la vez más ignorados– en las compañías.
    Perder su nombre de dominio no sólo implica “dejar de
    22 Noviembre – Diciembre 2019
    Compliance digital
    existir” (aunque sea temporalmente) en Internet, sino
    que su empresa se quede sin correo electrónico, debido
    a que el mismo suele estar ligado a su nombre de
    dominio. Resulta indispensable revisar las bases
    de datos (whois) para verificar primeramente quién
    es el legítimo dueño (contacto registrante) de los
    nombres de dominio que presumiblemente pertenecen
    a la empresa. Es común que terceros e incluso el propio
    personal de sistemas registre a su nombre los dominios
    de la empresa. Ante una salida abrupta o imprevista del
    personal que tenga la administración y control (técnico
    y jurídico) de los nombres de dominio de la empresa, es
    necesario contar con el respaldo legal apropiado para
    poder recuperarlos a la brevedad posible.
    • ¿Quién controla las cuentas de redes sociales de
    su empresa? De manera similar a los escenarios
    anteriores, es necesario reconocer la importancia
    que tienen las redes sociales en todas las empresas.
    Sin ellas, el contacto con el público, clientes potenciales, proveedores y otras partes interesadas (stakeholders) se reduce a su mínima expresión. Por comodidad, muchas veces las empresas contratan a
    community managers o a agencias de marketing digital para que les administren sus cuentas de redes
    sociales. Es muy común que se generen problemas
    con quien tiene a cargo esta importante labor. En
    los EUA cada vez son más comunes las “demandas por
    robo de followers” y demandas por daños y perjuicios
    en contra de ex-community managers, quienes por una
    mala administración o por actos dolosos o negligentes
    suelen meter en problemas a sus clientes. Un control
    contractual adecuado, aunado a revisiones periódicas,
    son necesarios para mitigar cualquier escenario adverso derivado de la tercerización de la administración
    de redes sociales.
    Dependiendo de la industria de la cual su empresa sea
    parte, es posible que existan otras obligaciones específicas en cuanto al entorno digital se refiere. Tal es el caso
    de las instituciones de tecnología financiera, que deberán
    cumplir con un amplio catálogo de obligaciones digitales,
    especialmente en materia de seguridad de la información
    e infraestructura tecnológica, las cuales establece la Ley
    Fintech.
  11. Cumplimiento en materia de
    seguridad de la información
    La seguridad de la información es el conjunto de medidas
    preventivas y reactivas que adoptan las empresas, para permitirles resguardar y proteger su información buscando mantener tres atributos esenciales: la integridad, confidencialidad
    y disponibilidad de la información.
    La integridad es el atributo que busca mantener los
    datos libres de modificaciones no autorizadas. Implica mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin
    ser manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados.
    La confidencialidad es el atributo que impide la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados.
    Asegura el acceso a ésta únicamente a
    aquellas personas que cuenten con la
    debida autorización.
    La disponibilidad de la información
    consiste en que ésta debe encontrarse a
    disposición de quienes deben acceder
    a ella, ya sean personas, procesos o
    aplicaciones. Es el acceso a la información y a los sistemas por personas
    autorizadas en el momento que así lo requieran.
    El término “seguridad de la información” suele ser usado
    como sinónimo de “seguridad informática” o “ciberseguridad”, lo cual es incorrecto.
    La seguridad de la información busca proteger activos
    basados en información, almacenados o transmitidos sin el
    uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
    La seguridad informática busca proteger activos basados
    en información, almacenados o transmitidos usando las TIC.
    La ciberseguridad busca proteger activos no basados en
    información, almacenados o transmitidos usando las TIC.
    Son “cosas informáticas” que no son información, pero son
    vulnerables a amenazas a través de las TIC.
    Para efecto de este artículo, tomaré en cuenta controles
    de “seguridad de la información” y “seguridad informática”.
    Desde hace una década he venido pugnando por la
    creación del derecho de la seguridad de la información,
    que para mí es la rama de las ciencias jurídicas que busca un
    doble propósito:
    a) Proteger a la información contenida en medios físicos,
    electrónicos y sistemas informáticos, contra daño, pérdida,
    alteración, destrucción, accesos y usos no autorizados, con
    la finalidad de conservar su confidencialidad, integridad
    y disponibilidad.
    b) Brindar confidencialidad y seguridad a la información
    que sea: sensible, reservada, privada, secreto industrial, secreto bancario, secreto profesional, secreto técnico, secreto
    comercial, secreto de fabricación, dato personal, entre otros.
    El error más grave que cometen los abogados de empresa
    es tratar los “contratos de confidencialidad” como si fueran
    “El error más grave que cometen los abogados de empresa
    es tratar los ‘contratos de confidencialidad’ como si fueran machotes o formatos sin importancia.”
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    Compliance digital
    machotes o formatos sin importancia. En ellos, suelen tratar
    todo como secreto industrial, lo cual es incorrecto. Esta
    figura jurídica que protege información sensible de las empresas, está regulada por la LPI.
    Para que se considere que existe un secreto industrial es
    necesario que concurran los siguientes requisitos (artículos
    82, 83 y 223 de la LPI):
    a) Que la información resguardada tenga aplicación industrial o comercial.
    b) Que la persona resguarde la información con carácter
    confidencial.
    c) Que la información le signifique obtener o mantener
    una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la
    realización de actividades económicas.
    d) Que el beneficiario de la información haya adoptado
    los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
    e) La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características
    o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de
    producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
    f) La información deberá constar en documentos, medios
    electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.
    g) Para que sea delito su revelación indebida, debe habérsele prevenido al receptor de su confidencialidad.
    México tiene una gran cantidad de leyes que protegen
    ciertos tipos de información sensible, como el secreto industrial, el secreto bancario/financiero, el secreto médico,
    el secreto profesional, el secreto técnico, los datos personales, entre otros.
    Tradicionalmente, desde el punto de vista regulatorio,
    los contratos se dividen en “típicos” y “atípicos”. Gracias
    a su ausencia regulatoria, los abogados hemos vivido décadas llamándole cómodamente al contrato más común
    de esta materia “contrato de confidencialidad” (incluso
    hay quienes le siguen llamando “convenio de confidencialidad”).
    Ante las necesidades del mundo digital en constante
    evolución en que vivimos, es necesario que migremos del
    “contrato de confidencialidad” al “contrato de seguridad
    de la información”.
    Ese contrato debe regular, cuando menos, temas de
    confidencialidad, seguridad de la información, seguridad
    informática y protección de datos personales.
    COMENTARIO
    Como se pudo apreciar, las necesidades en un programa
    de compliance van mucho más allá que las de sus clásicos
    pilares. Por ello, mantengamos una mente abierta y una
    actitud innovadora como abogados para poder proteger
    adecuadamente los activos digitales e intangibles de la empresa

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